Con un rojo presupuestario de $5.412 millones, críticas a las fotomultas, un conflicto gremial y multas millonarias a jubilados, la administración de María Emilia Soria acumula cuestionamientos mientras la intendenta busca proyectarse hacia la Gobernación de la provincia.
Uno de los datos más relevantes está en las cuentas públicas. El balance municipal de 2025 cerró con un déficit de $5.412 millones, lo que representa el tercer ejercicio con resultado negativo durante la gestión de Soria. El desbalance vuelve a abrir interrogantes sobre la administración de los recursos municipales y la capacidad del Ejecutivo para equilibrar las cuentas.
Otro frente de conflicto es el sistema de fotomultas, que recibió cuestionamientos de vecinos y de exfuncionarios municipales. Las objeciones apuntan al funcionamiento de los controles y a las condiciones en las que se aplican las sanciones, mientras persiste el debate sobre si el mecanismo cumple una función preventiva en materia de seguridad vial o si termina convirtiéndose en una herramienta de recaudación para el municipio.
A estos cuestionamientos se sumó el conflicto con la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM), luego de que el Ejecutivo dispusiera nueve cesantías. El sindicato rechazó las desvinculaciones y cuestionó la legitimidad del procedimiento, mientras que el municipio sostuvo que las medidas respondieron a inasistencias injustificadas reiteradas y que se realizaron los sumarios administrativos correspondientes. La disputa escaló con protestas frente al edificio comunal y acusaciones cruzadas entre ambas partes.
Pero uno de los episodios que más repercusión generó fue el de las multas aplicadas a dos jubilados por podar árboles ubicados frente a sus viviendas sin autorización municipal. A Nelly le reclamaron $420.000 por un ejemplar, mientras que Héctor recibió una sanción de $2,5 millones por intervenir seis árboles que, según relató, había plantado y cuidado durante décadas. El municipio fundamentó las actas en el incumplimiento de las normas sobre arbolado urbano, que exigen autorización previa. El caso provocó críticas por el monto de las sanciones y por el impacto que pueden tener sobre los ingresos de personas jubiladas.
Los episodios muestran distintos frentes de discusión sobre las prioridades, las decisiones administrativas y el manejo de los recursos en General Roca. Mientras Soria aparece en el escenario político provincial como una posible figura para disputar la Gobernación, en la ciudad que conduce todavía debe responder a cuestionamientos sobre las cuentas públicas, los controles de tránsito, la relación con los trabajadores y las sanciones a los vecinos.
La proyección hacia Río Negro abre así un interrogante político: cuánto pesan los problemas de la gestión local cuando una intendenta busca dar el salto a la provincia. Antes de ampliar su horizonte político, el desafío para Soria sigue estando en General Roca, donde las críticas abarcan cuestiones económicas, laborales y de convivencia cotidiana.
