La Justicia dictaminó que se debe abonar un total de 16 millones de dólares en el marco de una demanda presentada por incumplimiento en la provisión de mosto, un insumo clave para la producción vitivinícola. La decisión judicial afecta directamente a las empresas involucradas y genera repercusiones en toda la cadena de producción, desde los productores de uva hasta los elaboradores de vino.
La industria vitivinícola de Cuyo se encuentra conmocionada tras un fallo judicial que ordenó el pago de más de 16 millones de dólares a la empresa Iberte por incumplimientos en la provisión de mosto por parte de EcoGreen International LLC, su titular Marcelo Bocardo y Jugos Australes S.A. La sentencia, confirmada por la Tercera Cámara de Apelaciones de Mendoza, responsabiliza solidariamente a los demandados por los daños ocasionados y marca un precedente relevante para otros litigios similares en la región.
El fallo establece que existió un incumplimiento contractual esencial, ya que EcoGreen y Bocardo no entregaron el mosto acordado pese a haber recibido el pago correspondiente. Esto afectó directamente a Iberte, que no actuó como un simple inversor, sino como parte contratante que cumplió con su obligación y se vio privada de lo que legalmente le correspondía. La imposición de una garantía prendaria sobre las acciones de Bocardo refuerza la responsabilidad personal del empresario, además de la empresarial.
Marcelo Bocardo intentó alegar que Jugos Australes S.A. actuaba únicamente como garante y no como proveedor de mosto, pero su defensa fue desestimada por el tribunal, que respaldó la posición de Iberte y confirmó que los demandados deben indemnizar los perjuicios ocasionados, los cuales con intereses superan los 16 millones de dólares. Este fallo refuerza la posición judicial frente a incumplimientos contractuales y responsabilidades derivadas de estructuras societarias complejas.
Como medida preventiva, la Justicia ordenó el embargo de la planta de mosto y la bodega de Jugos Australes en Rivadavia, Mendoza, así como embargos sobre ingresos por exportaciones y cuentas bancarias en Estados Unidos. Además, Marcelo Bocardo enfrenta imputaciones por delitos económicos, incluyendo desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal, que ya fueron elevadas a juicio, y tiene prohibida la salida del país.
El caso también genera un antecedente clave para la situación judicial que enfrenta Fecovita con Iberte, donde se denuncian estafas, incumplimientos y desvíos de fondos por parte de directivos y ex directivos. Según los abogados de Iberte, ambos casos muestran un patrón de conducta similar: recibir pagos o aportes de capital y no cumplir con las entregas acordadas, utilizando garantías o estructuras societarias como cobertura. El fallo contra Bocardo y sus empresas refuerza la posibilidad de condenas civiles y penales en el conflicto Fecovita-Iberte, dejando un mensaje claro sobre la responsabilidad de los empresarios en la industria vitivinícola.





